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Junio 16, 2026

Gremios empresariales se pronunciaron ante brote de botulismo

Seis gremios empresariales, entre ellos la CAPRO, expresaron su profunda preocupación ante la confirmación de casos de botulismo alimentario en Asunción. Lo hicieron a través de la publicación de sendos espacios reservados en los diarios ABC Color y Última Hora.

Junto con CAPRO, firmaron el documento el Centro de Importadores de Paraguay, la Cámara de Anunciantes del Paraguay, la Cámara de Alimentos y Bebidas, la Cámara Paraguaya de Bebdidas Alcohólicas y Avipar.

En los comunicados, los gremios firmantes expresan su preocupación por el reciente brote de botulismo alimentario en Asunción y sostienen que el episodio evidencia los riesgos de comercializar alimentos sin los registros y controles sanitarios exigidos por el Estado. Destacan que los establecimientos involucrados carecían de habilitaciones oficiales, respaldan la actuación de DINAVISA y del Poder Ejecutivo en defensa del sistema de registro sanitario. No obstante, reclamaron un fortalecimiento de la fiscalización y cuestionaron las medidas cautelares judiciales que permiten la comercialización de productos sin registro. Finalmente, instaron a los consumidores a adquirir alimentos únicamente en locales habilitados y a verificar los registros sanitarios antes de comprar.

Copiamos a continuación el texto completo de lo publicado:

ESPACIO RESERVADO COMUNICADO A LA PRENSA Y A LA OPINIÓN PÚBLICA POSICIÓN ANTE EL BROTE DE BOTULISMO 

Los gremios abajo firmantes expresan su profunda preocupación ante la confirmación de casos de botulismo alimentario en Asunción, enfermedad que no registraba brotes en el país desde hace décadas y que hoy amenaza la salud de varias personas, algunas de ellas en estado crítico. 

Conforme a la información oficial disponible hasta la fecha, este episodio pone de manifiesto los riesgos concretos que implica comercializar alimentos al margen del sistema de registros sanitarios que el Estado paraguayo ha construido, precisamente, para prevenir este tipo de tragedias. El denominador común de todos los locales intervenidos, conforme confirmó DINAVISA públicamente, que ninguno estaba habilitado. No contaban con Registro Sanitario de Producto Alimenticio (RSPA) ni con Registro de Establecimiento (RE). Vendían alimentos a consumidores que confiaban en ellos sin contar con ninguna garantía técnica, sin trazabilidad y sin control de proceso. 

Conocemos bien estos requisitos porque los cumplimos. El RSPA y el RE no son trámites burocráticos, son el respaldo técnico que certifica que un alimento fue elaborado en condiciones sanitarias adecuadas, con ingredientes controlados y bajo procesos verificados. DINAVISA ha dado pasos significativos en los últimos años para facilitar el acceso a estas habilitaciones, especialmente para micro, pequeñas y medianas empresas, con procesos gratuitos y simplificados. No habilitarse, por lo tanto, no es hoy una limitación económica ni burocrática, es una decisión de operar fuera de las reglas. 

Si bien DINAVISA ha impulsado avances importantes en la simplificación de trámites y el acceso a registros sanitarios, este episodio evidencia la necesidad de fortalecer su capacidad de fiscalización, monitoreo y control efectivo del mercado. La existencia de establecimientos que operan al margen de las habilitaciones vigentes demuestra que aún persisten desafíos en la supervisión y aplicación de la normativa. Fortalecer institucionalmente a DINAVISA no solo es fundamental para proteger la salud pública, sino también para promover la formalización, la competencia leal y una mayor productividad del sector alimentario. 

Validamos y respaldamos la actuación del Poder Ejecutivo en la defensa del sistema de registro sanitario. El Ejecutivo, a través de la Procuraduría General de la República, ha intervenido activamente en los procesos judiciales para sostener la vigencia de las normas sanitarias. Su posición ha sido clara y correcta, la habilitación sanitaria no es una carga arbitraria sino una condición mínima para proteger la salud pública. 

Sin embargo, así como reconocemos los esfuerzos a favor del bienestar ciudadano, también manifestamos nuestro desconcierto, ya que esa posición institucional ha chocado sistemáticamente con medidas cautelares otorgadas por la Corte Suprema de Justicia que permiten a ciertos importadores y comercializadores continuar operando con productos sin registro sanitario, sin ningún fundamento técnico que justifique semejante excepción ocasionando en consecuencia riesgos a la salud de la población. La Corte Suprema de Justicia tiene hoy una responsabilidad que no puede seguir eludiendo: resolver los casos pendientes y poner fin a medidas cautelares que, en la práctica, funcionan como una autorización judicial para comercializar alimentos sin ningún control sanitario. 

Se insta a la ciudadanía a comprar alimentos únicamente en establecimientos habilitados y a verificar que los productos cuenten con su registro sanitario vigente. DINAVISA ofrece herramientas de consulta pública que permiten hacerlo de forma sencilla: el consumidor puede verificar el RSPA y el RE de cualquier producto o establecimiento en el portal oficial www.dinavisa.gov.py. Esa consulta de dos minutos puede marcar una diferencia que ningún médico podrá revertir después.